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Andrés Barreto González

‘Of Counsel’ en Moncada Abogados

Miembro Fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y miembro activo de la International Bar Association.


En días pasados, finalizó su trámite en las comisiones primeras el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

En esta primera fase, fueron evidentes las fisuras de orden político, pero debemos referirnos a las cuestiones de orden jurídico que podrían suponer que este instrumento se convierta en una ley interna que, posiblemente, satisfaga compromisos políticos más que jurídicos, derivados de un acuerdo de paz entre dos actores específicos y que, por ende, no solo no reúna el fervor popular ni el apoyo necesario para su desarrollo adecuado, a más de terminar presentado graves falencias a la luz del Derecho Internacional.

 

En primer término, debemos aclarar que el instrumento aún se encuentra en un periodo temprano de creación, aún le faltan debates, comisiones y aprobaciones. En segundo lugar, las cuestiones de índole político y circunstancial escapan del análisis jurídico, pero evidentemente muestran graves defectos en el proceso de conformación y concertación política e institucional que un instrumento de este nivel debería procurar.

 

Hechas estas pertinentes aclaraciones, me permito señalar algunos elementos que me generan duda y extrañeza por la forma como se ha adelantado en un debate apresurado, lo cual digo sin prejuzgamiento, y haciendo eco del título que se ha dado a todo este trámite atípico bautizado con el anglicismo de fast track.

 

El proyecto en comento arranca con un grave vicio ético y moral, así como con un torpe plagio al recoger la figura de la “justicia prospectiva” como un recurso para que las responsabilidades penales anteriores sean subsumidas por la motivación futura de establecer un proceso de paz basado en la verdad como justicia, pero no como asunción de responsabilidad penal y, por ende, nulo como fuente de sanción.

 

La “prospectividad” no puede ser aplicable en tanto la voluntad popular de aceptar un nuevo marco penal deriva de un acuerdo que fue derrotado popularmente en las urnas el 2 de octubre del 2016. Así, el Estado está desconociendo la voluntad popular, por lo que cimentar la “prospectividad” en un acto ilegitimo política y electoralmente vicia su sostenibilidad jurídica.

 

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