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Con extrañeza los colombianos hemos visto que nuestra carta  política es más fácil de modificar que la ley general del presupuesto, o que cualquier otra norma sea ordinaria o estatutaria.

 

Por cuenta de la implementación del acuerdo de paz y el trámite expedito bau - tizado con el odioso anglicismo del “fast track”, nuestro derecho constitucional y parlamentario ha sufrido toda suerte de traumatismos legislativos, y se ha con - vertido en un proceso validador de situaciones de hecho que se consolidan aun por encima de la voluntad del constituyente primario.

 

En esta colcha de retazos legislativa cayó otro proyecto de singular peculiaridad denominado el proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

Este peculiar proyecto nació viciado por varias razones. En primer lugar, si su génesis es la implementación del acuerdo de paz, es de recordar que este acuer - do fue invalidado en las urnas hace un año, el 2 de octubre de 2016, cuando va - rios millones de sufragantes votaron NO, ante la pregunta de aprobar el acuerdo para garantizar una paz estable y duradera.

 

En segundo término, el pueblo fue consultado a sabiendas de que el presidente de la república podía implementar tal acuerdo sin necesidad de la refrendación popular, lo que se convirtió no solo en un revés político de proporciones épicas, sino que generó la desconfianza general que se tiene sobre aquello que nace viciado, o es - o puede ser - impuesto por encima de la voluntad popular. De otra parte, todo lo que se ha desprendido de la implementación legal del acuerdo no ha dejado de ser menos peculiar.

 

El hecho de que representantes de las Farc puedan participar en las discusiones del Congreso (me refiero a Voces de Paz), asimismo que las Farc mantengan una agenda política evidente sin que haya campañas políticas, el hecho de que esta participación se pueda dar sin que se haya concluido con las fases del proceso, y muchas otras cosas como las curules aseguradas, las partidas presupuestales fijas, las zonas de concentra - ción, inter alía.

 

Además del nacimiento ilegitimo del acuerdo, una gran verdad a medias fue que el centro del acuerdo y del proceso serían las víctimas y su reparación. Esto em - pezó a desfigurarse en el camino cuando se empezó a medir con un rasero dife - rente a las víctimas. Se insinuó que la responsabilidad era mayoritariamente del Estado o de sus agentes, y que las Farc incluso eran “víctimas” en esta historia.

 

Poco después empezó a esclarecerse que el centro del proceso no era la verdad, ni la justicia, ni la reparación, sino la inmunidad jurídica de las Farc y su tránsito libre hacía la política, lo que parece ser en esencia el núcleo de la JEP.

 

  Aquí  Opinión  completa (Pag N° 26-27)