GALERIA


UNA REFORMA NO TAN ESTRUCTURAL

 

Juan Diego Barragán Mesa

Abogado de Moncada Abogados

 

El gasto público aumentó considerablemente en los últimos años, dadas las necesidades de desarrollo y crecimiento económico del país. Hace poco el sistema de gastos estuvo planeado en una bonanza minera y petrolera que en su momento generó un gran optimismo. No obstante, por circunstancias de mercado que hoy conocemos, dicho sistema ya no es sostenible (si es que alguna vez lo fue). Básicamente, al no tener recursos, el Estado debe escoger entre dos caminos: (i) continuar su nivel de gasto, lo que equivale ya sea a endeudarse y/o aumentar sus ingresos (en nuestro caso, vía impuestos), o, por el contrario, (ii) congelar sus gastos o aminorarlos.

 

Es tal la exigencia por la competitividad y la productividad en las economías, que no parece del todo aceptable que Colombia optara por redireccionar sus políticas de inversión en muchas materias pendientes. Son claros los atrasos, entre otros, en infraestructura, salud (a propósito de la entrada en vigencia de la ley estatutaria en esta materia), educación, etc. Otra sería la discusión si el Estado ha crecido demasiado o si su funcionamiento podría llevarse a cabo con menos gente y mayor eficiencia. Lo cierto es que, para crecer y cerrar la brecha, necesita recursos que hoy son escasos.

 

Lo que se conoce como la Ley 1819 del 2016 fue el producto de un poco más de dos años de anuncios y expectativas. En Colombia, tan solo en los últimos 20 años, se han promovido 13 reformas tributarias, lo que representa un degaste administrativo enorme, pero, sobre todo, una muestra evidente de no saber qué hacer con el sistema tributario colombiano. No tener unas reglas de juego claras o cambiarlas a mitad de camino lesiona la confianza de empresarios y emprendedores que buscan invertir, generar empleo y crear riqueza.

 

Organización tributaria

 

La última reforma era, ante todo, una oportunidad para generar recursos de forma sostenible y estratégica. Antes de darse a conocer públicamente, fue llamada por el Gobierno como una “reforma estructural”, lo que hizo pensar que, en definitiva, íbamos a tener una organización tributaria seria. Analistas y estudiosos imaginaban un documento contentivo de medidas claras y duras contra la evasión y el contrabando, un mecanismo de recaudo que no se limitara a imponer impuestos o subir tarifas a los que ya pagan impuestos, sino a los que nunca han pagado (sectores informales), una promoción de medidas que buscaran la eficiencia estatal en la administración de los impuestos (modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, simplificación del régimen tributario) y, en general, un verdadero cambio en los elementos cardinales del sistema tributario.

 

Lo que fue sancionado en diciembre pasado responde tímidamente a los retos venideros y, en realidad, lo que hace es cubrir necesidades de corto plazo. De entrada, la subida de tres puntos del IVA es un mecanismo efectivo para el recaudo, pero, a su vez, es regresivo para la mayoría de los ciudadanos, dado que provoca una disminución en sus ingresos, una baja en el consumo, una incitación a preferir el comercio informal y, en todo caso, a que la economía se contraiga.

 

A su turno, establece una unificación del impuesto sobre la renta al 34 %, para el 2017, y una tarifa general, del 33 %, para el 2018 en adelante (tasas que, en todo caso, no suponen una invitación atractiva a crear empresas) y eso sí, conservando la sobretasa que existía para el desaparecido Cree, ahora para el impuesto sobre la renta. Lo anterior no deja de ser una simple promesa de alivio que, a través de otra reforma, puede ser eventualmente desconocida, tal y como lo padecieron los hoteleros y las editoriales que, por conducto de esta reforma, tendrán que pagar un 9 % por rentas que una norma tributaria anterior calificaba como exentas. Con este antecedente, ¿qué confianza puede tener un empresario de que efectivamente la reducción del impuesto sobre la renta será una realidad en el futuro?

 

Otros cambios

 

La informalidad, que es un problema mayúsculo en toda esta ecuación, continuará tal y como la conocemos. La creación del monotributo, a pesar de tener buenas intenciones y de asomar para los pequeños comerciantes una incorporación al Sistema General de Seguridad Social, es de carácter optativo y, en el fondo, no muy concluyente a la hora de establecer soluciones claras en ese frente.

 

La base del recaudo de renta sigue siendo por ingresos que se podrían denominar altos, teniendo en cuenta la cantidad de gente económicamente activa que gana menos de 3,4 millones de pesos mensuales. La clave del aumento de los ingresos vía impuestos no está en subir tarifas, sino en incluir a más personas en el deber cívico de pagarlos.

 

En últimas, por criticable que pueda ser la Ley 1819 del 2016, de momento sí tendremos un mayor recaudo. Sin embargo, con esta norma se está solventando un problema coyuntural, pero no estructural. La reforma no se acompasa con la realidad económica del país. Nuestro panorama, con tasas de interés altas, sospecha del incumplimiento de la meta de inflación, deuda externa desbordada e, inclusive, escándalos de corrupción de por medio, requiere medidas mucho más completas que soporten un propósito claro para sobreponerse al caos y asegurar el futuro, y no en remedios estériles para casos puntuales y urgencias de última hora.

 

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