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Recientemente, la firma Moncada Abogados presentó su nueva área de práctica en Asuntos Internacionales, que fue iniciada por el sobresaliente jurista Juan Daniel Jaramillo Ortiz, fallecido el pasado mes de diciembre, en Ámsterdam (Holanda), a los 54 años de edad.

 

Moncada busca afianzarse en el sector legal colombiano con esta nueva oferta de servicios legales en el ámbito de los asuntos jurídicos internacionales, ahora bajo la dirección del experto Andrés Barreto González y con apoyo del jurista italiano Guido Piazzoni, egresado de Roma III (Italia) y de Leiden (Países Bajos).

 

De acuerdo con Barreto, “ofrecemos a nuestros clientes experiencia práctica y académica en los asuntos internacionales, que comprende temas tan variados como el derecho internacional económico y la solución de controversias, y otros asuntos actuales de responsabilidad internacional ambiental, de empresa y de derechos humanos, así como el revisionismo que se está dando sobre tratados en materia de comercio, corresponsabilidad y compliance”.

 

En su opinión, el Derecho Internacional de hoy no se reduce a temas entre Estados y, mucho menos, al limitado portafolio de hidrocarburos y migratorio.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo es la práctica de Derecho Internacional en nuestro medio?

 

Andrés Barreto González: Algunas firmas colombianas ofrecen servicios tradicionales en esta área, aunque frecuentemente la reducen a propiedad intelectual, hidrocarburos, inversión extranjera y migratorio. Las cosas están cambiando: tenemos más personas preparadas en Derecho Internacional, hay mayor información de lo que ocurre en el mundo, y el mercado ofrece profesionales con destrezas jurídicas globales, cuya presencia indica que la práctica va más allá de Estados, cancillerías y tratados, y es lo que Moncada Abogados quiere demostrar.

 

Á. J.: Muchas personas piensan que Derecho Internacional equivale a conflictos fronterizos.

 

A. B. G.: Hasta hace poco, se creía que internacional era un tema lejano o que, en el más familiar de los casos, se restringía a trabajar en un ministerio, ingresar a carrera diplomática, lograr un cargo en el exterior o, quizá, dedicarse a la academia. Algunas firmas de abogados, por su parte, han reducido lo internacional a internacional privado. Pero el asunto hoy es más interesante, más dinámico y más problemático.

 

Á. J.: ¿Cómo así problemático?

 

A. B. G.: Sí, hay una cuestión latente y es que la doctrina no está interactuando con la jurisprudencia. Eso es muy malo en un momento de nuestra vida nacional en el que las cortes podrían estar malinterpretando algunos temas que requieren debate: inmunidad de jurisdicción, imposibilidad de ejecutar sentencias, dualismo al integrar los tratados, constitucionalidad de algunos instrumentos y daños generados con la aplicación de tales instrumentos, para solo mencionar algunos temas.

 

Á. J.: ¿Qué decir de la enseñanza del Derecho Internacional?

 

A. B. G.: Ahora, tenemos más programas de especialización y maestría en Derecho Internacional, en asuntos internacionales y en política exterior, y también más profesionales bilingües. Otros factores se suman a esa dinámica: lo que está sucediendo en la Corte Internacional de Justicia, en los casos de Nicaragua contra Colombia, las crisis migratorias, el proceso de paz, las preocupaciones ambientales y los tratados de libre comercio han generado implicaciones positivas y negativas en nuestros países y, por lo tanto, mayor atención en los asuntos legales internacionales. Y hay que añadir la coyuntura de cambio de gobierno en EE UU, que hace evidente que la problemática en este campo no es del resorte exclusivo de la Cancillería, del sector público o del Gobierno Nacional.

 

Á. J.: En ese contexto, ¿cuáles son los aspectos de mayor interés en el debate actual?

 

A. B. G.: La responsabilidad ambiental es tema estrella de la agenda mundial en los años venideros, incluso estamos ad portas de una jurisdicción internacional especializada que prevenga y juzgue la devastación ambiental que estamos viviendo. Así mismo, los temas de derechos humanos y empresa dejaron de ser domésticos o de imposibilidad de acción por la inexistencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, se la está jugando con un proyecto de ley en ese sentido.

 

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