GALERIA


ANA MARÍA MONCADA ZAPATA
Socia de Moncada Abogados

 

Para facilitar la inversión en el país se requieren, además de la estabilidad macroeconómica que genera un buen ambiente para los negocios, garantías jurídicas que redunden en reglas de juego claras para los empresarios.

 

Con la expedición recurrente de normas para promover la inversión y con la adopción de los instrumentos legales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), se anuncia que Colombia cuenta con un marco legal para fomentar la inversión. A la fecha ya se ha logrado la aprobación en 20 de los 23 comités especializados que resuelven la adhesión a ese organismo, faltando así solo el visto bueno de los comités de Comercio, Gobernanza Pública y Empleo, para recibir los beneficios de membrecía de ese club internacional de buenas prácticas.  En materia de seguridad jurídica, estos son los nueve aspectos que aún flotan en el ambiente de inversión colombiano:

 

1. Reforma tributaria

 

Existen agremiaciones que sostienen que con la Ley 1819 del 2016 no se cumplió el propósito de reformar estructuralmente el sistema tributario, ni el de racionalizarlo; no se redujeron los impuestos a las sociedades dado que desaparecieron unos,  pero aumentaron otros; y tampoco se implementaron medidas institucionales suficientes para luchar contra la evasión, el contrabando y la elusión.  Adicionalmente,  se cambiaron condiciones en detrimento del criterio de confianza legítima. Dos ejemplos: en primer lugar, el sector hotelero fue gravado con una tarifa diferencial de renta del 9 %, pese la exención de 30 años que poseía para incentivar la construcción, ampliación y remodelación de establecimientos hoteleros.

Por su parte, las zonas francas pasaron de una tarifa diferencial de renta del 15 % al 20 %.

 

2. Justicia

 

Inversionistas nacionales y extranjeros acceden a la justicia en igualdad de condiciones y experimentan también por igual la demora en la solución de los conflictos y los altos índices de impunidad. A esto se suman los obstáculos en el acceso a la justicia arbitral en los contratos estatales, al exigir que su pacto se someta a engorrosos trámites de aprobación (Directiva Presidencial 3 del 23 de diciembre del 2015). La promoción de los mecanismos alternativos debe ser decidida y sincera.

 

AQUI - ARTICULO COMPLETO